La Plataforma del Tercer Sector está formada por la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Cruz Roja Española, Cáritas y la ONCE.

Poyato señaló, en declaraciones a Servimedia, que el anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social es “pionera” en España, puesto que “por primera vez” regula un marco jurídico propio para estas entidades y supone “un reconocimiento muy expreso de quiénes somos y qué hacemos”.

“En España, el Tercer Sector de Acción Social aglutina a más de 29.000 organizaciones, a las que están vinculadas más de un millón de personas voluntarias, trabaja con nueve millones de personas destinatarias y tiene un empleo cercano a las 650.000 personas”, explicó.

Poyato destacó que la norma, cuando sea definitivamente aprobada por el Parlamento, garantizará la participación de las entidades sociales en el diseño de las políticas públicas. “Es un nuevo marco legal que va a permitir al sector ejercer el liderazgo en el mundo de lo social. Somos parte de la sociedad civil y es muy importante que la sociedad civil sea escuchada”, apuntó.

Indicó que las organizaciones sociales necesitan “un sistema de financiación justo, adecuado y sostenible”, principalmente las que están “más cerca de las personas que están sufriendo las consecuencias de la crisis”.

“AMORTIZAR PUESTOS DE TRABAJO”

En relación al anteproyecto de Ley del Voluntariado, Poyato comentó que actualiza la norma ahora vigente, de 1996 y que está “un poco desfasada respecto de la realidad de la sociedad española”.

“Lo más importante es que especifica que no sólo se puede hacer voluntariado de acción social, sino también medioambiental, cultural, educativo o internacional. Por lo tanto, deja una puerta abierta a que cualquier persona, independientemente de sus creencias, ideología, sexo o edad, pueda ejercer el voluntariado en una entidad social”, comentó.

Poyato recalcó que el texto “especifica de una manera muy clara que el voluntariado no pueda amortizar puestos de trabajo”, de manera que “es imposible” que las administraciones públicas o las empresas “quieran cambiar puestos de trabajo por voluntarios”.