El texto que mañana hará público el Ejecutivo tratará diversos temas del Sistema de pensiones español, incluida la edad legal de jubilación, el periodo de cálculo de las pensiones y la configuración de algunas prestaciones, como la de viudedad.

La edad de jubilación y el número de años que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la pensión son los dos aspectos más polémicos que podrían ser objeto de modificación en el actual Sistema.

En España, la edad legal de jubilación son los 65 años, pero no es obligatorio retirarse a esta edad, salvo para los empleados públicos y para aquellos trabajadores cuyo convenio establezca una edad máxima para mantenerse en el empleo.

El Ejecutivo siempre ha sido más partidario de incentivar la permanencia de los trabajadores en activo una vez cumplidos los 65 años, aunque el problema demográfico del Sistema español, con la segunda mayor esperanza de vida del mundo, puede llevar al Gobierno a promover su retraso.

En cuanto al periodo de cómputo de la cuantía de las pensiones, en la actualidad se tienen en cuenta las cotizaciones de los últimos 15 años antes del retiro.

Sin embargo, los responsables del Ministerio de Trabajo e Inmigración se han mostrado en reiteradas ocasiones partidarios de ampliar este periodo, con el objetivo de hacer al Sistema más justo.

El principal problema del actual periodo de cálculo de los últimos 15 años de cotización son las personas que se quedan sin trabajo en ese periodo, ya que podrían quedar con una pensión muy baja a pesar de haber estado cotizando por una base mayor durante gran parte de su vida laboral.

El informe que presentará el Ejecutivo servirá de base para la negociación dentro de la comision del Congreso de los Diputados, pero podrá ser modificado por los grupos políticos.

Una vez que los parlamentarios se pongan de acuerdo en las recomendaciones las remitirán al Gobierno que será el encargado de iniciar el trámite legislativo.

No obstante, antes de dar este paso, presentará las conclusiones a las organizaciones sindicales y empresariales para discutirlas en la mesa de diálogo social.