En declaraciones a Servimedia, fuentes del departamento que dirige José Ignacio Wert apuntaron que este mecanismo supone “una vía excepcional” para quienes no encuentran respuesta a sus demandas en el sistema sostenido con fondos públicos.

Se trata de “un mecanismo excepcional que activamos cuando comprobamos que la ley no se cumple”, señalaron.

Por eso, desde el Ministerio instaron a la Generalitat a garantizar los derechos constitucionales de todo el alumnado y “a cumplir con la ley y con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia catalán”. De este modo, se evitará que las familias tengan que recurrir a dicho mecanismo, apuntaron.

La posibilidad de solicitar una matrícula gratuita en centros privados cuando el derecho a la escolarización en castellano no se vea satisfecho en la red pública o concertada estaba ya prevista en la Lomce, y sus detalles de procedimiento fueron aprobados por el Gobierno mediante un real decreto.

En primer lugar, las familias interesadas han de presentar una solicitud de escolarización a la Generalitat y si es rechazada habrán de matricular a su hijo en una escuela privada donde el castellano sea también vehicular.

Después podrán acogerse a la convocatoria de subvenciones del Ministerio, que tras pedir información a Cataluña verificará mediante la Alta Inspección si los solicitantes cumplen con los requisitos establecidos.

De ser así, el Ministerio pagará a las familias hasta 6.057 euros por curso, y a continuación descontará el total de la financiación autonómica a la Generalitat.

Educación, que ha recibido las peticiones sobre todo por vía telemática, tiene un plazo de seis meses para resolverlas.