Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en un comunicado, el personal consular español atiende a los presos desde el momento de la comunicación de su detención, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Desde ese momento, les procuran tanto información y visitas asiduas como un seguimiento continuado de su situación. A aquellos presos que se encuentran en prisiones con condiciones sensiblemente inferiores a las españolas, las oficinas consulares les entregan una ayuda mensual con el propósito de que cubran sus necesidades básicas. Esa ayuda se cifra en 120 euros, siempre que su familia o allegados no puedan proporcionarles una ayuda.

El Gobierno recuerda que los españoles residentes o de visita en otro país están sometidos a las leyes del mismo y, en caso de quebranto de las mismas, pueden ser juzgados y condenados allí. Los servicios consulares se encargan de paliar, en la medida de lo posible, las condiciones “no siempre adecuadas” en las que cumplen condena en el exterior.

Por ello, España ha firmado y está actualmente en vigor (o en aplicación provisional) más de 30 acuerdos bilaterales que regulan el traslado de personas condenadas y es también parte, junto con más de 60 países, del Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas, con fecha 21 de marzo de 1983.

Dicho traslado sólo se concreta una vez que la sentencia es firme y que las autoridades españoles y del país donde se ha dictado la condena lo hayan autorizado, y el interesado lo haya solicitado.