El centro, que siguió las instrucciones del Ejecutivo autonómico, habría incumplido así el derecho de la menor a ser escolarizada en castellano, según habían solicitado sus padres.

En declaraciones a Servimedia, Carrizosa destacó que este dictamen “sienta un precedente importante” y señaló que tal vez cuando se difunda “anime a más familias a denunciar” porque, según afirmó, son “decenas de miles de niños los afectados”.

Sin embargo, añadió que litigar supone mucho tiempo y dinero, por lo que insistió en que la Generalitat debería garantizar este derecho a los niños. Por ello, señaló que lo relevante de este auto es que reconoce que “desde la Administración se dan instrucciones que incumplen sus propias previsiones legales”.

A su juicio, esto se ve agravado por el hecho de que el Gobierno central no hace nada al respecto, pues “ni la Alta Inspección del Estado actúa” ni “se obliga a nada a la Generalitat".

Ahora, prosiguió, con la Lomce se va a sufragar la matriculación en centros privados de aquellos alumnos que no vean satisfecho el derecho a ser escolarizados en castellano en la red sostenida con fondos públicos. “Lo lógico sería garantizarlo desde la pública, pero nadie se pone a ello”, concluyó.