En declaraciones a Servimedia, el portavoz de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, dijo que se trata de "una sentencia muy esperanzadora", porque reconoce el derecho de los escolares a recibir enseñanza bilingüe y, en caso de que la Generalitat no se la facilite, indemnizar a las familias por ello.

Caja dijo tener constancia de que en estos momentos hay una veintena de padres que han iniciado procesos judiciales contra la Generalitat por esta circunstancia y que, a razón de 7,36 euros por hora no impartida en castellano que ha establecido como indemnización el TSJ catalán, el coste sería de aproximadamente 1.500 euros por curso.

Teniendo en cuenta que la educación infantil obligatoria comprende tres cursos, la primaria seis cursos y la ESO cuatro, si la solicitud de enseñanza en castellano se hubiera tramitado desde el comienzo de la enseñanza obligatoria, el niño tendría derecho a una indemnización de 19.500 euros.

El portavoz de Convivencia Cívica, asociación muy implicada en esta batalla, confía en que la sentencia anime a seguir el procedimiento judicial a las 2.000 familias que, asegura, solicitaron enseñanza en castellano para sus hijos pero no han querido meterse en litigios. Ahora, dijo, el TSJ "cierra las salidas a la Generalitat para que se someta al imperio de la ley" y abandone su actitud de "franca rebeldía".