Sáenz de Santamaría se expresó en estos términos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras la aprobación de un anteproyecto de ley de seguridad que coincide con un contexto internacional marcado por los atentados terroristas de Francia y la amenaza yihadista.

“No comporta la suspensión de derechos, pero sí permite coordinar mejor”, defendió la ‘número dos’ del Ejecutivo en relación a la declaración de situación de interés para la seguridad nacional.

Aseguró que se trata de “un mecanismo institucional para coordinar con carácter transversal” no sólo la Administración central, sino las autonómicas, locales e internacionales y dar respuesta "a las políticas y estrategia de seguridad nacional" y a la posibilidad de "preservar la seguridad y libertades de los ciudadanos”.

La vicepresidenta del Gobierno admitió que este nuevo estado es “necesario” y que la ley “complementa un vacío normativo” porque “el concepto es hoy mucho más amplio de lo que originariamente era” y permite mejorar la seguridad “sin necesidad de que se activen alarma y excepción que son extraordinarias y sí conllevan suspensión de derechos”.

Insistió, a este respecto, en que el Ejecutivo no responde con esta norma a los atentados de París. “No vincule usted esta ley a los últimos acontecimientos”, afirmó para destacar que “la estrategia y el Consejo de Seguridad han sido anunciados y definidos hace tiempo”.

“El anuncio de esta ley, la necesidad de articular un sistema de seguridad nacional no nace en enero, el Gobierno presentó sus primeros informes en 2012”, destacó para apuntar a la creación del Consejo de Seguridad el 31 de octubre y a la discusión de esta estrategia en las Cortes Generales.

COMPETENCIAS

Saénz de Santamaría avanzó que sólo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, podrá declarar la situación de interés para la seguridad nacional aunque, a posteriori, estarían implicados los ministerios de Presidencia, Interior, Defensa y Asuntos Exteriores y Cooperación.

La vicepresidenta evitó, al ser competencia exclusiva de Rajoy, enumerar varios ejemplos. Se limitó a decir que en caso de “una catástrofe con un efecto importante” se activaría. “Permítame que no sea yo quien cite cosas concretos”, dijo.

Adelantó, sin embargo, que, en ese caso, “se pondrían en marcha varias administraciones implicadas y transfronterizas” y se constituiría "un Comité muy especializado” en función de a quién implique.

En cuanto a quién asumiría la competencia, aseguró que “no se trata de asumir la jefatura en las tormentas o incendios”, pero reconoció que “uno asume la gestión de la dirección sin perjuicio de las competencias que tiene cada uno”.

“No se tratará de que se asuma al mando de nada, sino de poner todos los elementos a disposición”, afirmó para apuntar, en relación a la suspensión de autonomía, que “otras cuestiones son objetos de otros artículos de Constitución en los que no entra la ley”.

RECURSOS PRIVADOS

En cuanto a la posibilidad de movilizar recursos privados si se declara la situación de interés para la seguridad nacional, Sáenz de Santamaría defendió que “no es nueva” porque las leyes reguladoras del régimen local permiten hacerlo.

“Lo que hay que elaborar es una declaración de recursos humanos y materiales, públicos y privados en una situación de crisis”, avanzó para apuntar a que se trataría de “un inventario de recursos a disposición de los españoles”. “Lo primero que hay que hacer para poder atender una catástrofe es saber qué tienes, dónde y con una debida indemnización”, adelantó.

La portavoz del Gobierno defendió que esta ley permitirá a España “dotarse de herramientas adecuadas a los nuevos riesgos” y adquirir “un enfoque integral” en materia de “terrorismo, ciberseguirdad y catástrofes naturales” porque mejorará la seguridad marítima, la del espacio áereo y también la seguridad económico-financiera.