El objetivo de esta cartera es, según apuntó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, “garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de empleo a todos los trabajadores en el ámbito nacional”.

Así, se establece un “marco común” con las medidas que tienen que llevar a cabo los distintos servicios de empleo autonómicos, “sin perjuicio de que pueda ampliarse por parte de las comunidades autónomas”.

Esta cartera está integrada por cuatro grandes servicios, que incluyen el de orientación profesional, que estará encargado de la identificación de los perfiles de los trabajadores y de ofrecer asesoramiento acerca de las tendencias del mercado.

Estas oficinas autonómicas de empleo deben ofrecer también servicios de colocación y atención, y de asesoramiento a empresas “para buscar el mejor encaje y enlace entre la oferta y la demanda”.

Por último, deben prestar servicios de “formación y cualificación para el empleo”, y de ayuda al autoempleo y el emprendimiento.