Según esta ley, si el alumno no recibía el curso contratado tampoco tenía obligación de pagar a las entidades de crédito, que en el caso de esta sentencia son el Banco Santander, el Banco Pastor y BBVA.

Asimismo, el Alto Tribunal recoge el derecho de los afectados a reconocer la “ineficacia de los contratos de préstamo de las entidades financieras demandadas”, así como el derecho a pedir intereses a estas financieras por los cobros indebidos a partir del cierre de los centros.

El Tribunal Supremo reconoce también que no existe “gratuidad” (motivo alegado por bancos y cajas demandados para excluir la aplicación de la citada ley) en la operación de financiación.

Para el Supremo, “basta con que el prestamista convenga con el proveedor de los servicios (Opening) una retribución a cargo de éste, para que la gratuidad respecto del consumidor (...) deba considerarse excluida”.

Otro de los motivos que el Supremo esgrime para justificar la aplicación de la ley 7/1995 sobre crédito al consumo era la existencia de un acuerdo entre financieras y academias, ya que está probado, según la sentencia del Alto Tribunal, que el alumno no pudo “optar por contratar con otro concedente de crédito distinto (...) y a las que estaba vinculadas por un acuerdo previo”. Esto es así porque el objetivo de la norma es la de “proteger la libertad de decisión de los consumidores.”

El Tribunal Supremo emite la sentencia siete años después de que estallara el conocido como “fraude de las academias de inglés”. El cierre de los centros Opening dejó a los alumnos con sus cursos sin concluir, aun cuando debieron de seguir pagando los créditos contratados previamente.