La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó así con los votos de esos tres partidos el dictamen resultante del trabajo en ponencia, y a la espera de la votación del proyecto en su totalidad por el Pleno de la Cámara, el miércoles de la próxima semana.

El ponente del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, aseguró que se trata del plan “más ambicioso, completo y eficaz” contra la corrupción y para impulsar la regeneración democrática, y criticó que algunos no quieran “corregir” la desafección de los ciudadanos sino “aprovecharse” de ella para que la descalificación de los partidos y la deslegitimación del sistema “gane simpatía” en la sociedad, en una “clara estrategia” hacia el poder.

Las medidas aprobadas, afirmó, permitirán que los corruptos tengan “muy difícil” encaje en el sistema, y se abrirá “una etapa de tolerancia cero” hacia un fenómeno “detestable” que a todos los demócratas “nos indigna y nos ofende”. Sin embargo, precisó, ni el sistema está corrupto ni hay partidos corruptos. “Se corrompen las personas, no las siglas”, dijo.

Bermúdez lamentó el “vértigo al consenso” que algunos han padecido a última hora y se dirigió expresamente al PSOE para considerar “difícilmente explicable” su decisión de abstenerse pese a reconocer que comparte la mayor parte del contenido.

“No podemos cambiar el pasado”, concluyó, pero “sí legislar para que determinados comportamientos no se repitan”, y enviar a los ciudadanos el mensaje de que “les hemos escuchado, hemos reaccionado” y hay un compromiso de “intransigencia ante cualquier atisbo de indignidad”.

El socialista José Enrique Serrano argumentó la abstención de su grupo en la sensación “agridulce” tras el trabajo en ponencia, porque se ha avanzado en muchos aspectos pero quedan otros pendientes en los que el PSOE mantiene enmiendas vivas, no solo a esta ley sino al Código Penal o al Reglamento del Congreso de los Diputados.

Montse Surroca, de CiU, subrayó también que el debate sigue aún “abierto” en algunos ámbitos, y lamentó sobre todo que el texto “se queda corto” en la regulación de la financiación de los partidos, tanto pública como privada, porque el punto de partida es “manifiestamente bajo e insuficiente” y no garantiza recursos suficientes.

En nombre de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Ricardo Sixto denunció también que el texto final “se sigue quedando corto” por lo que no merece aún el voto favorable, a pesar de acoger las transaccionales anunciadas por el PP a alguna de sus enmiendas y a confiar en obtener alguna mejora más en el trámite del Senado.

Sixto reclamó, por ejemplo, que las vías de financiación de las fundaciones vinculadas a formaciones políticas se equiparen a las de los propios partidos, y un mayor incremento del aprobado en los tiempos de prescripción de delitos relacionados con la corrupción. Además, alertó de que la mayor representatividad del voto de los ciudadanos no puede quedar fuera de las medidas de regeneración.

También se abstuvo UPyD, cuyo portavoz, Carlos Martínez Gorriarán, reconoció que existen progresos pero el texto sigue “lejos de lo que debería haber sido” a ojos de los ciudadanos y de lo que tiene que ser un modelo de partidos del siglo XXI. Lamentó también que no se haya avanzado más en la responsabilidad penal y civil de los partidos, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido formaciones políticas “que se han creado para delinquir”.

El penevista Aitor Esteban anunció el voto favorable de su grupo por entender que, aunque quedan “cosas por mejorar” en el trámite del Senado y otras “las hubiéramos redactado de otra manera”, el conjunto supone un avance “y no debemos escurrir el bulto”.

Más allá de las concreciones de este texto, Esteban se mostró convencido de que en algún momento habrá que hacer “una reflexión serena sobre si la financiación (de los partidos) es suficiente tal y como está planteada”, sobre todo en el caso de las formaciones que no se presentan en todo el Estado.

Rafael Larreina, de Amaiur, alertó de que los avances son “insuficientes”, denunció que la forma en la que el PP está ejerciendo la mayoría absoluta “ha pervertido el proceso legislativo”, y sugirió que algunos preceptos del texto pueden limitar el ejercicio del derecho a la participación política.

“Las libertades nunca se defienden recortando libertades”, afirmó Larreina, partidario de no dejar en la ley resquicios con los que, por intereses políticos o tras una “conmoción social” se pueda atentar contra ese derecho básico.

Joan Tardà, de ERC, explicó que no apoya el texto pese a coincidir en el diagnóstico, por entender que no requiere “paños calientes” sino soluciones “más rotundas” de las planteadas.

También Ana Oramas, de Coalición Canaria, denunció que el paso adelante no es suficiente y reclamó “acuerdos de Estado” con un esfuerzo especial del PP, “que tiene la pelota en su tejado”. Carlos Salvador, de UPN, defendió también las enmiendas que mantiene vivas tras la ponencia para garantizar un mayor control del gasto público.