El trabajo, titulado 'Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante el proceso penal', indica que el 6,5% de los internados en las prisiones españolas tienen discapacidad intelectual o enfermedad mental, si bien esta situación no se detecta durante el proceso judicial en el 70% de los casos, que salen a la luz cuando el sujeto está ya en la cárcel.

Según afirmó en la presentación del libro Torcuato Recover, coordinador de la Red de Justicia de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), estos datos suponen "un fracaso evidente" del sistema, achacable a todos los agentes implicados, es decir, "a jueces, fiscales y letrados".

Y lo suponen, explicó, porque ponen de manifiesto que o no se identifican los casos de discapacidad intelectual o enfermedad mental durante el proceso judicial, o si se detectan, la única respuesta que se les ofrece es la privación de libertad.

Para realizar este informe se ha tenido en cuenta la experiencia generada por el Programa de Reclusos y Exreclusos de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), vigente desde 1985, tal y como indicó en su intervención Mario Puerto, vicepresidente de la entidad.

PERFIL

En concreto, la experiencia acumulada en este programa permite concluir que la media de edad de las personas con discapacidad intelectual afectadas por el régimen penal penitenciario está entre los 25 y los 35 años, con solo un 9% de mujeres atendidas.

En cuanto a su situación familiar, el trabajo apunta que "un número elevado de casos" procede de familias marginales o desestructuradas con "graves problemas de relación entre sus miembros" y, generalmente, con un nivel económico bajo. A este respecto, las cifras indican que un 67% de las personas atendidas cobran una pensión no contributiva.

Con respecto a la discapacidad, el 76% de los casos son de personas con discapacidad leve o límite y según el tipo de delito, los más frecuentes son los relacionados con los cometidos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (49%).

El documento que Feaps ha elaborado con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad analiza la realidad de las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental que se enfrentan a un proceso judicial y ofrece recomendaciones para mejorar el tratamiento que se les da.

En este sentido, Juan Manuel Fernández, presidente del Foro Justicia y Discapacidad, afirmó en la presentación del libro que es tarea de todos acabar con las barreras de la justicia y saber garantizar a cualquier persona lo que está en juego en un proceso judicial, algo que requiere tanto la adecuación de los tiempos como la especialización de los agentes implicados.