Una vez se conozca la situación en la que quedan tras declarar ante el juez Eloy Velasco, la Sección Segunda preguntará a las partes sobre la celebración del juicio. Tanto el fiscal como las acusaciones, así como las defensas del resto de acusados, han mostrado su conformidad con el aplazamiento de las sesiones del juicio.

El secretario judicial ha preguntado a cada uno de los acusados cuyos abogados han sido detenidos esta madrugada si deseaban mantener la misma defensa letrada, a lo que todos han respondido de manera afirmativa.

Un total de 16 personas han sido detenidas este lunes en Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Madrid en una operación de la Guardia Civil contra miembros del colectivo de abogados y responsables del aparato económico del denominado 'frente de cárceles' de la banda terrorista.

Entre los detenidos esta mañana están doce abogados que se encargan de la defensa de presos de ETA. Los abogados detenidos son Arantxa Aparicio, Aiert Larrarte, Onintza Ostolaza, Ainhoa Baglieto, Atxarte Salvador, Kepa Manzisidor, Jaione Karrera, Ane Ituño, Amaia Izko, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregi y un abogado más.

Además, han resultado detenidas otras cuatro personas vinculadas a la estructura financiera de esta organización en Baracaldo (Vizcaya), Tolosa (Guipúzcoa) y las localidades navarras de Zizur Mayor y Arbizu.

Por el momento la operación 'Mate' sigue abierta y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están realizando una docena de registros en domicilios particulares, herriko tabernas. Fuentes jurídicas afirmaron esta mañana que también se están produciendo registros en los colegios de abogados de San Sebastián y Bilbao.

Los arrestos están relacionados fundamentalmente con las vías de financiación de la organización que se encarga del apoyo a los presos de ETA. Además de un delito de pertenencia o colaboración con banda armada, a algunos de ellos se les acusa de blanqueo de dinero y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social al no haber dado de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social ni pagado el IVA.

Las detenciones son la culminación de la tercera fase de una operación de investigación que se inició, bajo la dirección del juez Velasco, el año 2012. Este grupo de abogados formaba parte del entramado de la banda para mantener la disciplina entre el colectivo de presos.

La organización actuaba en cuatro frentes: el social, el de apoyo jurídico con asistencia letrada gratuita para los encausados por delitos terroristas; el médico, en virtud del cual se facilitaba asistencia psicológica y sanitaria a los familiares de los presos, y el económico, con la asignación de una cantidad mensual a los presos que ronda los 100 euros.

COHESIÓN Y DISCIPLINA

Fuentes jurídicas explicaron que la documentación incautada durante la investigación confirma que este grupo de abogados actuaba en nombre de ETA como correa de transmisión para trasladar a los presos mensajes de cohesión y disciplina interna desde banda.

El objetivo era siempre transmitir las consignas de ETA, cuyos intereses se anteponen a los individuales de los presos. Siempre según los documentos hallados, este entramado y la dirección de ETA establecían que “los que cuestionan la lucha armada son expulsados” del colectivo de presos y quedan fuera de todos los beneficios antes citados, incluso ahora que ya ha cesado la actividad armada de ETA.

Un documento incautado en 2014 asegura que la organización de los letrados vinculados a ETA no tiene por objetivo “ganar los juicios”, sino trabajar en la línea de “ganar la lucha” de la cohesión interna.

De hecho, los abogados tenían encomendada la tarea de hacer ronda de entrevistas con los etarras presos, tras las cuales rellenaban un formulario que describía la situación y posición de cada uno de los condenados de manera individualizada.

En otro documento, ETA hablaba de que “tiene que haber una línea clara entre estar y no estar en el colectivo” y que es necesario evitar los “signos de arrepentimiento y búsqueda de vías penitenciarias personalizadas” que puedan implicar la ruptura de la disciplina interna.

Fuentes policiales creen que la disciplina del colectivo de presos está en riesgo, porque hay etarras con penas menores que se plantean acogerse a beneficios penitenciarios individuales que les podrían sacar de la cárcel en pocos años, mientras que el centenar largo de condenados a penas elevadas son partidarios del mantenimiento de la unidad y de impedir que cada preso vaya por libre.

Entre las represalias que esta organización contemplaba para los disidentes está, además de la pérdida de los beneficios antes citados, la retirada de las fotografías del preso en cuestión de las herriko tabernas.