Ecologistas en Acción consideró “innecesaria y contraproducente” la reforma aprobada por el Gobierno, ya que los cambios introducidos “no incorporan mejoras sustanciales para la gestión de los bosques, invaden competencias autonómicas al incorporar regulaciones cinegéticas, suponen un grave retroceso en la necesaria planificación forestal y permiten que las comunidades autónomas autoricen la construcción en zonas incendiadas”.

Señaló que una de las principales novedades de la Ley de Montes de 2006, que reformó la de 2003, incluyó la prohibición del cambio de uso forestal de las zonas incendiadas al menos durante 30 años, con lo que “se evitaba que se provocaran fuegos con fines especulativos”.

Esta ONG indicó que el proyecto de ley aprobado hoy por el Gobierno “echa por tierra esta medida de precaución” porque establece que las comunidades autónomas podrán acordar cambios de uso forestal en zonas incendiadas justificando la existencia de un interés general prevalente y mediante el establecimiento de medidas compensatorias. “Con esta modificación existe el riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para permitir la construcción en zonas quemadas”, afirmó Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción calificó de “especialmente preocupante” los cambios relacionados con la actividad cinegética, ya que el proyecto de ley incorpora la elaboración de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, regula el reconocimiento de licencias interautonómicas, crea el registro de infractores de caza y pesca e incluye actuaciones sanitarias en especies cinegéticas.

“Sin duda esto se debe, como ha ocurrido en otras leyes, a la importante relación existente entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en general, el Partido Popular con el sector cinegético, al que favorece con estos cambios. Supone, además, una invasión en competencias autonómicas”, apostilló.

PRESIÓN DE LOS CAZADORES

Por otro lado, WWF afirmó que la nueva Ley de Montes “no ofrece soluciones sustanciales a las dos asignaturas pendientes del monte: su gestión y el desarrollo rural de las regiones forestales”.

Además, apuntó que abre la posibilidad de recalificar los terrenos incendiados, pone en peligro la propiedad forestal colectiva vinculada al origen vecinal y “deja pasar la oportunidad de blindar los Montes de Utilidad Pública y los privados protectores frente al avance del ladrillo”.

WWF se ha opuesto desde el primer momento a la reforma de la Ley de Montes por considerar que los sucesivos borradores no aportaban mejoras sustanciales a la ley actual y que el nuevo texto no aborda lo suficiente la gestión del monte y su contribución al desarrollo rural de las regiones forestales.

Consideró “preocupante” que deje la puerta abierta a cambiar el uso del suelo de un terreno incendiado si existe un “interés general prevalente”, “un término muy ambiguo que podría abrir la puerta a desarrollos urbanísticos en terrenos incendiados".

Por último, WWF alertó del riesgo de que “las asociaciones de cazadores, muy afines al Partido Popular”, vuelvan a presionar para que se incluyan algunas de sus reivindicaciones “mediante enmiendas de última hora en el Congreso o en el Senado”, como ocurrió recientemente con la Ley de Parques Nacionales.