El texto pide que la Ley General de Seguridad Social establezca que “cuando el trabajador que ha accedido a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, cumpla los sesenta y cinco años, la pensión dejará de ser objeto de reducción por la aplicación de los anteriores coeficientes, siempre y cuando se acredite un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años”.

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, recuerda que actualmente, a las jubilaciones anticipadas voluntarias se les continúa aplicando el porcentaje reductor del 8% por cada año que le reste al trabajador por cumplir los 65 años.

A las jubilaciones anticipadas forzosas se les aplica una escala de coeficientes reductores mejorada que va desde un mínimo del 6% para quienes cotizaron 40 años o más, hasta un máximo de un 7,5% para trabajadores que acrediten 31 años cotizados.

Para Llamazares, “a pesar de las ligeras mejoras que se han efectuado hasta ahora en las sucesivas reformas en los coeficientes reductores, desde IU consideramos que siguen penalizando en exceso a aquellos trabajadores que se ven abocados a la jubilación de forma obligatoria”.