El familiar de Molina le achaca un supuesto delito de falsedad en documento público como consecuencia de que el edil firmara un documento que permitió desviar una subvención pública del Gobierno autónomo a una empresa familiar relacionada con la agricultura.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó el pasado mes de octubre al exalcale de Toledo en la causa que investiga sobre los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. Molina tuvo que declarar ante el magistrado el pasado 24 de noviembre para dar explicaciones sobre la adjudicación en 2007 de un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, que se realizó, según el extesorero Luis Bárcenas, a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña de la presidenta de la formación, María Dolores de Cospedal.

En su declaración ante Ruz, el exalcalde negó haber cobrado comisiones por la concesión del contrato de recogida de basuras en su ciudad ni haber “adoptado ninguna resolución ilegal” en su vida. Al terminar su comparecencia dijo sentirse “satisfecho de haberse podido defender de las injurias y calumnias” del extesorero de su partido.

La decisión de citar a Molina como imputado deriva de un informe policial en el que se relata que fue el exregidor toledano quien en mayo de 2007 adjudicó el contrato a la filial del grupo Sacyr.

El contrato fue adjudicado inicialmente sin irregularidades, pero fue revisado al alza cuatro días antes de las elecciones autonómicas, lo que permitió a Sufi pasar de ganar seis a 11,4 millones de euros.

Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sostiene que esta mejora en las condiciones, otorgada sin que se cumplimentaran los informes preceptivos” es “nula de pleno derecho”. Molina ha declarado que el acuerdo buscaba evitar una huelga de basuras que frustrara la festividad del Corpus, que se celebraba en esas fechas.

Ahora se vuelve a cernir sobre el exalcalde del Partido Popular la sombra de irregularidades en la obtención de una subvención que será investigada en los juzgados de Toledo. Las primeras diligencias para esclarecer este asunto han sido fijadas para el día 19 de enero.