En una detallada resolución, el Ministerio explica que esta organización realiza la venta de un producto de lotería ilegal mediante “venta ambulante” y “vendedores que trabajan normalmente sin ningún tipo de contrato o con un contrato de voluntariado, sin estar dados de alta en la Seguridad Social” y, de hecho, constata que sólo dos personas están cotizando actualmente a nombre de OID.

La resolución considera como “muy grave” la infracción cometida por la OID contra la Ley Reguladora del Juego y recuerda la jurisprudencia establecida al efecto por multitud de órganos jurisdiccionales, tanto autonómicos como nacionales como europeos. E insiste en que la legislación sobre este sector trata de evitar el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la criminalidad y los efectos perniciosos contra los consumidores, especialmente sobre los menores. De hecho, la resolución habla de que la OID no vigila que sus juegos puedan ser practicados por menores.

Hacienda critica la “actitud despreciativa de la legalidad” por parte de la OID “plenamente conocedora de la ilicitud de su actividad” y cita numerosas actuaciones de la Polícia contra la venta de sus juegos.

CAPTA TRABAJADORES ILEGALES

El BOE relata cómo “capta” personas para trabajar y distribuir boletos, “ninguno dado de alta en la Seguridad Social”, mientras que, por otra parte, se utiliza una web que no incorpora ninguna medida de protección contra los usuarios y, aún menos, contra el posible juego por parte de menores.

Además, se incorpora un informe de la Comisaría General de la Policía Judicial en el que se afirma que “la OID extiende su actividad a casi todo el territorio nacional” con unos “ingresos anuales que podrán cifrarse alrededor de los 56.700.000 euros”.

“El grave atentado contra el orden jurídico que supone el desarrollo de esta actividad por parte de la OID viene teniendo lugar de manera continua, consciente y persistente, y sin perjuicio de la multitud de momentos en que las autoridades administrativas y judiciales han tenido ocasión de pronunciarse sobre la ilicitud de aquélla, sin que la OID haya cesado en tal actividad”, concluye la resolución

Por todo, se considera que la OID atenta contra los derechos de los jugadores, con especial incidencia grave en los menores; contra los derechos de sus trabajadores “a sabiendas de la ilegalidad de su actividad” y que no están sujetos a cotización a la Seguridad Social; y existe un elevado grado de intencionalidad y reincidencia. Todo ello concluye con la imposición de una multa de 25 millones de euros.