Los taxistas recordaron que esta medida, ya en vigor en Baleares, será también aprobada próximamente en Cataluña y la Comunidad Valenciana y declararon “no entender la negativa del gobierno de Madrid a considerarla oportuna”.

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) solicitó el pasado 1 de diciembre a todos los grupos políticos con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid, que presentaran una enmienda a la actual Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, para que ésta contemplara la “inmovilización inmediata del vehículo” cuando se realice un trasporte público de viajeros de manera ilegal.

La legislación actual contempla la inmovilización del vehículo sólo en caso de reincidencia, sanción que según los taxistas madrileños, “no es lo suficientemente contundente como para terminar con esa actividad ilegal”. Siendo así, el PSOE presentó la enmienda este jueves en la Asamblea de Madrid pero fue desestimada por el Partido Popular.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, aseguró que esto “solo puede traducirse en una falta de voluntad por parte de la Administración para solucionar el problema”.

“Las actividades de Uber han sido prohibidas por el Tribunal Superior de Justicia, pero en Madrid, sus conductores, además de no estar siendo perseguidos por las fuerzas de seguridad, pueden seguir con su actividad una vez localizados”, denunció.

Asimismo, añadió que “la Administración madrileña debería seguir el ejemplo de sus homólogos y contemplar medidas contundentes que garanticen la desaparición de este tipo de servicios que pone en peligro tanto a los ciudadanos, como a los profesionales de un sector del que viven 120.000 familias en España”.