El Ejecutivo comunitario lo afirma en una respuesta a una pregunta escrita, a la que ha tenido acceso Servimedia, del ya exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner, que interpeló a la Comisión por “los contratos millonarios de publicidad institucional” suscritos por el Gobierno de Artur Mas “que colocan en una situación privilegiada a un número muy limitado de medios de comunicación”.

Sosa Wagner sostenía en su pregunta que junto al “riesgo de quiebra de las reglas de la sana competencia leal en un ámbito especialmente sensible como el de los medios de comunicación”, que tanta relevancia tienen para difundir una opinión en toda Europa, existen “dudas sobre el debido cumplimiento de la normativa europea de contratación pública”.

Bruselas le responde que no ha constatado ninguna vulneración de las normas europeas de contratración pública y ha decidido “dar por concluida la investigación de este asunto”.

La Comisión añade que no le compete valorar si las decisiones relacionadas con el ámbito de aplicación de cada contrato concreto eran las adecuadas, porque “los órganos jurisdiccionales nacionales son los únicos competentes para determinar si se respetaron los requisitos establecidos en la ley autonómica”.