Según informó la caja castellano-manchega a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre los aspectos recogidos en dicho protocolo figura el mantenimiento de las obras sociales desarrolladas por las dos entidades.

Además, se mantendrán las identidades comerciales de las marcas existentes, mediante las fórmulas jurídicas que sean precisas.

Igualmente, se contempla la existencia de una sede institucional en Guadalajara, con la creación de una estructura comercial territorial que permita continuar el compromiso de apoyo al tejido empresarial y social de dicha zona.

En cuanto al gobierno de la entidad, se ha garantizado la presencia de los actuales órganos de gobierno de Caja de Guadalajara, así como "el compromiso de preservar, en la medida de lo posible, las condiciones de empleo para ambos colectivos de empleados".

Dentro del calendario previsto, figura la creación de una comisión que, asistida por el personal directivo de ambas cajas, elaborará el proyecto de integración, que deberá ser ratificado por las respectivas asambleas generales.

Igualmente, el proceso debe cumplir el resto de trámites legales y administrativos antes de su autorización definitiva, cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, previo informe del Banco de España.