Según una resolución dictada por la comisión, promovida por la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), los hechos ocurrieron cuando la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha responsabilizó al Gobierno regional de haber obligado a la madre de un niño dependiente fallecido a devolver una ayuda obtenida para comprar una silla de ruedas, que finalmente utilizó para pagar la incineración de su hijo.

El Ejecutivo que preside Dolores de Cospedal aclaró en una información recogida por agencias que esas ayudas son finalistas, aunque, teniendo en cuenta la falta de recursos económicos de la madre, se le otorgaría una ayuda de emergencia para sufragar la incineración.

Un día después de la difusión de esas noticias de teletipo, "la Sexta informó únicamente de las declaraciones de la plataforma, sin hacer mención alguna a las puntualizaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha", señala la resolución, que es fruto de una queja presentada por el director de Comunicación del Gobierno castellano-manchego.

La comisión reconoce que la cadena de Atresmedia pidió telefónicamente una entrevista a la Consejería de Sanidad que no fue concedida, pero infringió lo dispuesto en el Código Deontológico de que “el compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado”.

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha emitido otras dos resoluciones respecto a sendas vulneraciones del Código Deontológico. Una de ellas (Resolución 2014/99) hace referencia a las informaciones escritas por la directora de 'Crónica de Oliva', Isabel Llorca, en las que acusaba, “sin matiz ni reserva alguna”, de “conductas tipificadas como delito” a Ana Morell, concejala del Ayuntamiento de Oliva (Valencia).

La Comisión considera que, con tales imputaciones, se vulneran varios artículos del Código, al no respetar la presunción de inocencia ni la necesidad de contrastar previamente con los afectados las informaciones difundidas y dar oportunidad a la rectificación, así como al mencionar reiteradamente a un familiar cercano a la concejala, sin que esa referencia resultara necesaria para la equidad de la información.

Por último, la Resolución 2014/98 estudia la queja presentada contra la columnista Elena Vozmediano por un artículo publicado en 'El Cultural de Santa Cruz de Tenerife'. La Comisión resuelve que, con este trabajo, se vulnera el Código Deontológico en los artículos referentes al respeto a la verdad, la publicación de material falso, engañoso o deformado, a dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos y al deber de contrastar las fuentes de las informaciones.