El portavoz parlamentario de la formación magenta, Luis de Velasco, dijo que, a través de esta enmienda, propone "un refuerzo del marco normativo que proteja a los ciudadanos frente a prácticas abusivas en la concertación de créditos avalados con una vivienda, especialmente cuando estos se lleven a cabo por particulares que no se hallen inscritos en el Registro Público de Empresas”.

Con esta medida, añadió, la formación magenta “pretende evitar que se repitan casos como el de la anciana Carmen Martínez, desalojada de su vivienda de Vallecas después de que su hijo solicitase 70.000 euros a un prestamista particular, cuyo aval era la vivienda de la madre”.

UPyD ya planteó preguntas sobre esta situación en su momento en la Asamblea, dijo Luis de Velasco, quien destacó la acción del Rayo Vallecano aunque consideró que “corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid adoptar medidas para evitar estos casos”.

UPyD propone que “en un plazo de cinco meses el Gobierno regional impulse medidas e inste al Gobierno central a hacer lo propio en su ámbito competencial”.

“Ese cambio normativo incluirá la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos particulares de préstamos avalados por una vivienda a través de un modelo normalizado”, añadió

El contrato deberá registrarse en la consejería competente de la Comunidad de Madrid, que será también la encargada de elaborar los modelos citados, y que incluirán como mínimo la cantidad objeto de contrato, el valor de los intereses, la cuantía final a devolver y los intereses de demora si los hubiese.

El modelo se acompañará de una declaración responsable de cumplimiento de las prescripciones establecidas por la Ley de la Usura.

Además, hay que adaptar las sanciones en materia de consumidores en caso de incumplimiento, sin perjuicio de las acciones que se deriven por vía judicial.

UPyD también quiere que la Administración ponga en conocimiento del ministerio Fiscal todos aquellos contratos en los que se aprecie el carácter abusivo, debiendo estar legitimada para llevar a cabo las actuaciones precisas en defensa de los intereses y los derechos de los consumidores de la Comunidad de Madrid.