Dijo que “el origen de todos los problemas se encuentra en la ausencia de regulación legal de las Ampas en los centros ocupacionales, que es un mandato de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid”.

Afirmó, asimismo, que el Decreto 271/2000, de 21 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico básico del Servicio Público de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica dice en su artículo 10.3 indica que la Consejería de Servicios Sociales aprobará el Reglamento Marco de Régimen Interior que regule el funcionamiento general de los centros contemplados en el artículo 5 de este decreto.

En este sentido, destacó que entre esos centro se encuentran, "según este último artículo, los centros ocupacionales” y pidió al Gobierno “que comience a elaborar este reglamento de desarrollo, que además de ser una exigencia legal, redundará en servir de cauce a la participación los familiares de los usuarios en los centros ocupacionales, reduciendo incertidumbres, malentendidos y posibles arbitrariedades”.

Consideró que “así conseguiremos que no haya centros de primera y centros de segunda, desde el punto de vista de la participación”.

Finalmente, Reyero hizo un llamamiento al diálogo entre la Consejería de Asuntos Sociales y los familiares para resolver los problemas denunciados.