Este texto, asegura CSI-F, "ha sido redactado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación con la oposición de todas las centrales sindicales".

El posible recorte salarial afectaría a alrededor de un millar de investigadores, pertenecientes a los Organismos Públicos de Investigación (OPI): Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Instituto Español de Oceanografía (IEO) e Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), sostiene CSI-F.

Este decreto es consecuencia del desarrollo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley 14/2011), en lo que se refiere a la homogeneización de las escalas profesionales. La citada ley introdujo una modificación de las escalas profesionales que homologa a la baja las retribuciones de los investigadores de los citados OPI y establece que este nuevo sistema retributivo se aplicará con carácter retroactivo, surtiendo efecto desde enero de 2014.

El proyecto de decreto modifica de manera unilateral tanto los conceptos retributivos de estos trabajadores como los criterios para su asignación. Además, el Gobierno reconoce en el decreto que se producirá una disminución de retribuciones y establece un “complemento personal transitorio” para estos casos, sin especificar la cuantía. Tampoco establece los criterios para la evaluación del desempeño, concluye CSI-F, que pide que este decreto no sea aprobado.