En un auto dictado el pasado 2 de septiembre, el juez pidió el listado de las llamadas telefónicas y la identidad de todos los que se comunicaron por esa vía con los periodistas Cruz Morcillo y Pablo Muñoz.

Esa información sobre el tráfico de llamadas que los dos periodistas generaron ha acabado, sin ningún filtro ni reserva, en manos del abogado defensor del extesorero del PP Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, señala la APM.

"La revelación de estos datos puede dar a conocer las fuentes de los periodistas, por lo que, si así fuera, el secreto profesional quedaría totalmente desvirtuado, en un clara vulneración de la libertad de información", denuncia esta asociación.

Andreu investiga un posible delito de revelación de secreto sumarial que se habría cometido tras la publicación por 'ABC' del contenido parcial de la comunicación telefónica que mantuvo en abril de 2013 un mafioso detenido en la operación 'Tarantela' contra clanes de la 'camorra' napolitana con otra persona, a la que comentó sus conversaciones con Bárcenas antes de que este ingresara en prisión.

La APM "rechaza rotundamente que los dos periodistas hayan incurrido en un delito de revelación de secreto sumarial. Tanto si el secreto tiene por objeto hacer posible la investigación y el acopio de pruebas, como si se justifica por la protección de la presunción de inocencia de los encausados, lo reprobable no es que los periodistas difundan las noticias que reciben al respecto, sino que, en su caso, alguien se las dé incumpliendo el deber de sigilo. El secreto sumarial, en definitiva, es difícilmente vulnerable sin la colaboración explícita de quienes deben protegerlo".