Según explicó Justicia, López Rodríguez fue condenado por los delitos tipificados por la legislación peruana como suministro ilegal de armas de fuego, delitos que comprometen las relaciones exteriores de Perú, conspiración y actos hostiles contra Estado extranjero y asociación ilícita para delinquir. Dichos delitos se corresponden en el Código Penal español con tráfico de armas, delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado y asociación ilícita.

Según los hechos que ha declarado probados la Justicia peruana, durante 1998 varias personas relacionadas con el Gobierno de aquel país se pusieron en contacto con miembros de las FARC colombianas pactar la compra por parte de la guerrilla de 10.000 fusiles AK-47.

López Rodríguez actuó de intermediario en la operación, para lo que contactó con personas que se ofrecieron a conseguir armas del Gobierno jordano, mientras que otros se encargarían de su transporte y su lanzamiento en paracaídas. Los contratos fueron firmados por personas que se hacían pasar por miembros activos del ejército peruano.

En cada uno de los cuatro vuelos que se realizaron cuatro vuelos se transportaron 2.500 armas que, en vez de abastecer al ejército de Perú, lanzaron las armas en Colombia, y disimularon el viaje llevando a la vuelta supuestas exportaciones de madera, café o fruta.

Cuando la CIA descubrió la compraventa de fusiles, entregó esa información al asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, quien, temiendo verse descubierto, denunció un supuesto plan de tráfico de armas encabezado por una organización criminal internacional.

Así fue detenido López Rodríguez, que ahora cumplirá condena en España porque su caso cumple con el vigente Convenio bilateralestablecido con Perú y con el criterio de que el interesado ha consentido con el traslado.