El debate estuvo sazonado con varias protestas en el salón de plenos. La primera de ellas, protagonizada por los diputados del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EuiA, CHA: La Izquierda Plural, que se pusieron en pie amordazados cuando su compañero Ricardo Sixto subía a la tribuna para exponer su oposición.

La segunda, por parte de un grupo de invitados que desde la tribuna comenzaron a entonar 'Los miserables' cuando intervenía el portavoz del PP, Conrado Escobar, y que fueron inmediatamente desalojados por los ujieres a instancias del presidente del Congreso, Jesús Posada.

"LEY MORDAZA"

El día anterior buena parte de los partidos con representación parlamentaria, junto a varias asociaciones, habían escenificado la muerte de la democracia frente a la Puerta de los Leones en protesta por lo que consideran una “ley mordaza”.

Esa fue la expresión más repetida en la tribuna por los portavoces que se opusieron al proyecto, y varios de ellos se remitieron expresamente a las leyes de orden público de la dictadura franquista.

El socialista Antonio Trevín denunció que no existe “un solo dato” que justifique el argumento que el Gobierno esgrime para esta ley: “sancionar conductas que representan un ejercicio extralimitado del derecho de reunión y manifestación”, ya que en 2013 las fuerzas del orden intervinieron en menos del uno por mil de las protestas ejercidas en España.

El objetivo, denunció, es sustraer del control judicial las conductas ciudadanas “críticas” con el Gobierno, que castigarán “más y con menos garantías”, lo cual afecta al derecho de defensa y al de tutela judicial efectiva. “En democracia hay que convivir con las críticas, con las protestas y con los jueces incómodos”, dijo al Gobierno.

Alertó al PP de que solo está de acuerdo con el contenido de este proyecto “su particular tea party”, lo cual demuestra que ese partido está “demasiado aislado” respecto de la sociedad.

Poniendo como ejemplo la polémica sobre la reforma del aborto, Trevín sugirió la conveniencia de la dimisión del ministro, Jorge Fernández Díaz, dado que el PP tiene “banquillo suficiente para que otros abandonen el Ejecutivo”. Si retiran el proyecto, dijo, “no haremos sangre con su rectificación”, porque el objetivo es preservar los derechos de los ciudadanos. En caso contrario, “la combatiremos hasta su final”, buscando acuerdos amplios para derogarla y “sin renunciar” a recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

TOTALITARISMO

Feliu-Joan Guillaumes, de CiU, advirtió al Gobierno de que “pierde la razón” en la práctica al comportarse de forma “totalitaria”, lo cual sería motivo suficiente para no respaldar la ley.

CiU no se comprometió a respaldar la derogación de la ley, pero sí a cambiarla “de arriba a abajo profundamente”, entre otras cosas porque, según denunció, su redacción priva a los agentes sobre el terreno, por ejemplo a los Mossos d´Esquadra, del acceso a las bases de datos internacionales, lo cual “algún día puede llevarnos a un disgusto grande, esperemos que no suceda”.

Ricardo Sixto, en nombre de La Izquierda Plural, defendió la protesta de sus compañeros amordazados porque se trataba de “manifestar gráficamente lo que ustedes van a imponer al pueblo”.

Acusó al Gobierno de “resucitar” la ley de orden público de 1959, con sanciones administrativas por conductas que no son delito. La garantía penal en el tratamiento de delitos y faltas, explicó, ha permitido archivar causas que no tenían justificación, y con esta nueva regulación los ciudadanos tendrán que pagar antes de acceder a cualquier garantía.

GOBIERNO BAJO SOSPECHA

“Vuelven a errar el tiro”, dijo el portavoz de UPyD, Toni Cantó, dirigiéndose a los bancos del PP y también al PSOE al hablar de “corrupción generalizada”. “Son ustedes los que están bajo sospecha”, no los ciudadanos, que están demostrando una “paciencia y madurez extraordinarias”.

Alertó de que no se puede “legalizar lo que a todas luces es legal”, como son los derechos de reunión pacífica y de asilo, con sanciones “desproporcionadas” además de “ineficaces”.

En nombre del PNV, Emilio Olabarría aseguró que las declaraciones del ministro invitando a los críticos con las devoluciones de inmigrantes en la frontera a acogerlos en su casa, demuestran “cierta derrota política” y en todo caso ignoran el ordenamiento jurídico español e internacional.

Olabarría señaló “tres aberraciones jurídicas” en la ley. La primera de ellas, la conversión del concepto de seguridad en un valor jurídico autónomo, lo cual permite “relativizar” los demás derechos fundamentales. La segunda, el “apoderamiento” del espacio público, en el que solo se puede hacer “lo que la ley permite”, dejando un amplio espacio de discrecionalidad a la autoridad administrativa. La tercera, la limitación del derecho a la tutela judicial efectiva, al convertir las faltas en infracciones administrativas sin las garantías del proceso penal.

ATAQUE A LAS LIBERTADES

Joan Tardà, de ERC, pidió a todos los partidos de la oposición el compromiso efectivo con la derogación de la ley, que considera un “ataque endemoniado” a las libertades de expresión, reunión y manifestación, que quedan “supeditadas” a la arbitrariedad del Ejecutivo.

Acusó al Gobierno de “legalizar la barra libre” para la Policía, que tendrá menos exigencia de transparencia y de rendición de cuentas de sus actuaciones. Quienes impulsan y respaldan esta ley son “tan reaccionarios”, sentenció, que para afrontar los retos del presente solo son capaces de recurrir al pasado. Cuando tengan que renovar uniformes, dijo al ministro, “acuérdense del color gris”.

Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, señaló esta ley como “una herramienta más para imponer su modelo de sociedad, que profundiza en la negacion de derechos y libertades de la ciudadanía”. “Nada hay que justifique” la norma, aseguró, en un país con una de las tasas de delincuencia más bajas y una población carcelaria de las más altas. “Aunque su procesador no contemple siquiera un bit de democracia”, recomendó al Ejecutivo que recupere “al menos un bit de sensatez” y disuelva los “tribunales de excepción” como la Audiencia Nacional.

Por parte del Grupo Mixto, los portavoces de GeroaBai, Compromís-Equo y BNG rechazaron también la ley y acusaron al Gobierno de pretender solo reprimir las protestas de los ciudadanos.

"PROTEGE LOS DERECHOS DE TODOS"

El portavoz del PP, Conrado Escobar, rechazó las acusaciones subrayando que se han incorporado, total o parcialmente, enmiendas de todos los grupos, y que la ley “protege los derechos de todos”, ya sean turistas, comerciantes, funcionarios...

De hecho, aseguró que las manifestaciones “van a ser más libres” porque estarán “protegidas de violentos”, y la intervención siempre será “gradual y proporcionada” y la disolución “siempre la última y excepcional medida aplicable”.

Las protestas de la oposición, sentenció, son solo “un numerito más: todos contra el PP”. “No nos importa”, aseguró.