Según explicó Poyato en un encuentro informativo en Servimedia, el sector propuso al Gobierno una nueva Ley del Voluntariado "más moderna", ya que la existente, que data de 1995, "estaba desfasada".

A su juicio, lo más importante en torno al desarrollo de esta nueva ley ha sido el proceso participativo. En este sentido, aseguró que se han presentado 410 enmiendas a este proyeto de ley, propuestas por organizaciones que trabajan con voluntarios, y "prácticamente todas han sido tenidas en cuenta".

Indicó que en esta ley "ya no se habla de voluntariado de acción social, sino de voluntariado ambiental, educativo o sanitario. Es decir, se abren las puertas de donde puede intervenir el voluntariado". También destacó que se trata de una ley "hecha por el ministerio de lo social, pero que puede dar legalidad a acciones que no son de lo social".

Asimismo, se refirió al debate sobre la cobertura de puestos de trabajo con voluntarios e insistió en que "la ley dice que el voluntariado nunca puede amortizar puestos de trabajo". Además, señaló que esta normativa "habla del derecho de las personas voluntarias a ejecutar acciones de voluntariado, pero también de sus obligaciones".

Poyato aseguró que es una ley "flexible", que pretende un voluntariado a la carta y "que cada uno dedique el tiempo que pueda a voluntariado" y que "obliga a las organizaciones sociales a tener gestores de voluntariado".

También destacó que esta normativa es "un reconocimiento a cómo fomenta el mundo empresarial el voluntariado, como algo distinto a la responsabilidad social corporativa".

Finalmente, puso en valor que la ley se refiera al papel de la Administración Pública, "encaminado a fomentar el voluntariado y ayudar a gestionar los ciclos del voluntariado".

La Ley del Voluntariado, una de las principales reivindicaciones del sector, se paralizó en la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, que preside la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por lo que se acordó posponer la aprobación.