Para el Cermi, esta medida es un primer paso positivo, "después de muchas décadas de inacción y desidia de los poderes públicos en la persecución efectiva de las manifestaciones de juego ilegal", como el caso de la OID, que usan a personas en situación de vulnerabilidad social -entre ellas, a personas con discapacidad- para sus fines contrarios a la legalidad vigente.

No obstante, el Cermi subraya que las sanciones pecuniarias "no bastan para erradicar estas prácticas ilícitas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad y perjudican gravemente la estabilidad y continuidad de este sector social", por lo que insta a Hacienda a "ir mucho más lejos y a adoptar medidas más enérgicas" contra los entramados de juego ilegal, con el fin de desmantelar de raíz y para siempre sus estructuras.

El Cermi señala que, como expresión articulada más representativa del movimiento social de la discapacidad, seguirá reclamando al Ejecutivo nacional y a los gobiernos autonómicos con competencias en la materia que persigan el juego ilegal y hagan caer todo el peso de la Ley contra sus promotores y dirigentes.