La intención de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales es que los beneficiarios de la norma puedan elegir la residencia concertada a la que quieren ir y pagar parte o su totalidad con el dinero cargado por la administración en un cheque o tarjeta-monedero para este fin.

En opinión del sindicato, "esta solución, improvisada y capciosa, contribuye al despilfarro de recursos públicos, fomenta la desigualdad entre los ciudadanos con menores ingresos y discrimina, por tanto, de acuerdo al nivel de renta".

"Sólo aquellas personas dependientes que puedan costear el precio de la residencia concertada, que se ve reforzada frente a la pública, serán los beneficiarios de este derecho", vaticina el sindicato.

La iniciativa de habilitar una tarjeta monedero parte de la idea de la cofinanciación entre el usuario y la Administración, que en este caso "delega la prestación del servicio a una empresa, que verá cómo aumenta notablemente su cuenta de resultados", continúa UGT.

Sin embargo, advierte, "quienes no puedan pagar la diferencia entre el coste de la residencia y la cantidad adelantada por la Administración se verán privados del disfrute de este derecho".

Por este motivo, UGT exige que el Gobierno regional "frene con carácter inmediato la privatización encubierta del sistema de dependencia y diseñe la estructura del programa de inversiones para cumplir la legislación".

Para ello, concluye, es necesario aumentar el número de infraestructuras y plazas públicas en la Comunidad de Madrid.