Lamata realizó estas declaraciones tras acabar la reunión del Pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se ha celebrado hoy en la sede del Ministerio de Sanidad y Política Social, con la presencia de la ministra Trinidad Jiménez y de los consejeros autonómicos responsables de las políticas sociales.

De este modo, valoró de manera positiva que todas las comunidades hayan acordado, como ya ha hecho previamente Castilla-La Mancha, establecer un plazo máximo de seis meses para resolver una solicitud.

“Tras tres años de aplicación de la ley, se ha consolidado en España este derecho, y lo que hemos hecho hoy es aprobar criterios comunes para su aplicación en el conjunto del país a fin de que todos podamos seguir la misma pauta, ya que esta norma nos da un derecho social no por ser castellano-manchegos, andaluces o madrileños sino por ser españoles”, manifestó Lamata.

Más de 26.000 personas se están beneficiando en Castilla-La Mancha de su derecho subjetivo a la atención de su situación de dependencia mediante el cobro de una prestación económica o la atención en un centro o servicio especializado y, en este marco, se están prestando más de 31.000 prestaciones y servicios.

Por otro lado, más de 6.600 personas se han dado de alta en la Seguridad Social en el convenio especial de cuidadores de personas en situación de dependencia.