El CGPJ informó de que el Promotor de la Acción Disciplinaria de esta institución, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha decidido archivar las diligencias abiertas contra estos magistrados, a los que denunció el sindicato Manos Limpias.

Fonseca-Herrero entiende que el apoyo de estos jueces al 9-N queda amparado por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión. No obstante, se entiende que la actitud de estos funcionarios es “censurable”, ya que merma la confianza de los ciudadanos en su labor. Al mismo tiempo, se les reprocha que defendieran la consulta soberanista con el argumento de que “Cataluña es una nación”, cuando es algo que no contempla la Constitución.

Sin embargo, el CGPJ concluye que “no puede apreciarse que los firmantes persigan una finalidad diferente que el mero traslado a la ciudadanía de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político, actuación que queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión consagrados por el artículo 20 de la Constitución Española”.

CATALUÑA Y LA CONSTITUCIÓN

Asimismo, Fonseca-Herrero sostiene que los magistrados que firmaron el manifiesto dieron “su opinión jurídica en defensa del derecho del ciudadano a participar en asuntos públicos, de decidir sobre posibles jurídicos, conducta que, como se acaba de adelantar, debe quedar amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión”.

Por todo ello, el Promotor concluye que no se puede mantener la imputación de ilícitos sancionadores y archiva la información previa. No obstante, Fonseca-Herrero considera que, en el plano de la deontología profesional, la actuación de los jueces y magistrados es “censurable” en la medida en que su actuación viene a menoscabar la confianza de los ciudadanos en la judicatura.

Se reprocha, además, a estos jueces que su iniciativa se base en la afirmación de que “Cataluña es una nación”, cuando ésta es “una afirmación que carece de todo apoyo normativo”. Asimismo, se entiende que los magistrados” contradicen la doctrina constitucional cuando, en forma implícita, vienen a reconocer a Cataluña la cualidad de sujeto jurídico y político soberano”.