“Pedreira ha considerado no procedente dar traslado por ahora a la Sala Civil y Penal del TSJCV de la información que este Alto Tribunal le ha solicitado referente a determinados extremos e interpretaciones del presente procedimiento, al estimar que tal proceder puede frustrar el final legítimo, protegido por la máxima reserva, con que se instruyen las citadas diligencias, cuyo contenido ha sido declarado secreto incluso para las partes personadas”, señala un comunicado emitido hoy por el TSJ de Madrid.

Pedreira contestó de esta forma al TSJ de Valencia, que en noviembre pasado solicitó al magistrado de Madrid que le comunicase si había incorporado a la causa en la que investiga el “caso Gürtel” el informe, realizado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que revela una presunta financiación ilegal en el PP valenciano.

El Alto Tribunal valenciano necesita esta información para poder admitir a trámite la querella presentada por los socialistas de Valencia contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, varios altos cargos del PP de Valencia como Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, y contra miembros del Ejecutivo autonómico como el vicepresidente Vicente Rambla.

La querella les acusa de los delitos de cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal al considerar que todos ellos estaban detrás de la financiación ilegal del partido.

Si alguna otra instancia judicial estuviese investigando ya los hechos denunciados en el citado informe, el tribunal valenciano no podría hacerse cargo de la causa. Los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV pidieron además información al Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), a la Junta Electoral Central y a las Cortes Valencianas.

La querella de los socialistas valencianos también está dirigida contra el presunto “cerebro” de la trama “Gürtel”, Francisco Correa; contra su “mano derecha” en Valencia, Álvaro Pérez, así como contra las constructoras como Facsa, Sedesa y Lubasa.

La querella concluye que el ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, canalizaba los pagos en B a la trama “Gürtel”, que el vicepresidente primero, Vicente Rambla, controlaba las adjudicaciones a estas empresas y que el presidente de la Generalitat era "el último responsable".

El órgano encargado de decidir si admite a trámite esta querella, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, presidida por el magistrado Juan Luis de la Rúa, es el mismo que el pasado mes de agosto decidió archivar la investigación abierta contra Camps, Rambla y Costa por los trajes que presuntamente recibieron de la trama “Gürtel”.