Así lo señaló este miércoles AMAC en una nota tras la asamblea de la asociación en la que los alcaldes volvieron a abordar los problemas causados por la desaparición de la Fundación Enresa.

La alcaldesa de Hornachuelos (Córdoba), María Carmen Murillo, municipio que aloja el almacén de El Cabril, volvió a denunciar el perjuicio causado a su municipio, que aloja el almacén de El Cabril, cuando en septiembre de 2013 el Gobierno con una “absoluta falta de previsión” incluyó la supresión de la Fundación Enresa en su acuerdo de medidas de reestructuración y racionalización del sector público fundacional y empresarial.

Además de Hornachuelos, la fundación tenía convenios vigentes con municipios de las áreas de Trillo (Guadalajara), José Cabrera (Guadalajara) y Vandellòs I (Tarragona), que también se han visto perjudicados.

La Fundación Enresa, que apoyaba iniciativas de carácter social, medioambiental, científico, formativo, cultural y deportivo en las poblaciones situadas en el ámbito de influencia de las instalaciones de Enresa, tenía acuerdos firmados para 2014, por lo que “los municipios tenían previstos esos ingresos en sus presupuestos de este año”.

A pesar de que el presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega, se comprometió a buscar una solución para poder cubrir las cantidades comprometidas para 2014 “la realidad es que, con el año a punto de finalizar, los municipios no han recibido solución alguna”, apuntó AMAC.

Los alcaldes entienden que Enresa “no puede eludir su responsabilidad con los pueblos que albergan los residuos radiactivos de España”, por lo que “deben mantenerse las iniciativas que hasta ahora venía desarrollando esta fundación”.

Los alcaldes no descartan ninguna movilización dentro de la legislación vigente con el fin de lograr una respuesta “satisfactoria” a sus reivindicaciones.