Esta nueva norma tiene como objetivo sistematizar y regular la actuación administrativa del Estado en materia de Tratados Internacionales, ámbito que hasta ahora se venía rigiendo por el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, así como en lo referente a Acuerdos Internacionales Administrativos y Acuerdos Internacionales No Normativos.

La aprobación de este nuevo instrumento jurídico, insiste el Ejecutivo, era, junto con la Ley de la Acción y el Servicio Exterior del Estado, uno de los asuntos pendientes desde la aprobación de la Constitución de 1978.

Lo que se pretende es dar cumplimiento al artículo 62.3 de la Carta Magna, por el que se establece que la manifestación del Estado para obligarse internacionalmente por medio de un tratado debe realizarse “de conformidad con la Constitución Española y con las leyes”.

Por otra parte, se necesitaba regular las competencias autonómicas en este ámbito, ya que la Constitución atribuye al Estado en exclusiva el derecho de concluir tratados internacionales con otros estados, cubriendo, de este modo, el vacío legal existente en lo relativo a acuerdos internacionales administrativos, de concreción o ejecución de un tratado concluido por España, y acuerdos internacionales no normativos.