La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se refirió así en rueda de prensa a la información del diario "El Mundo", según la cual el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Camacho, habló varias veces por teléfono la noche previa con el director general de la Policía, señalado como posible responsable del soplo.

Cospedal afirmó que Rubalcaba debe explicar "hasta dónde" llega la posible implicación del secretario de Estado de Seguridad en este asunto y afirmó que sería "impropio de un país democrático que el Gobierno pueda haber traicionado a la Policía para ayudar a ETA" a evitar unas detenciones.

En este sentido, aseguró que el PP realizará "los trámites procesales oportunos" para lograr personarse en la causa y reclamar "la práctica de cuantas pruebas sean necesarias" para demostrar si se cometió un delito al alertar al dueño del bar Faisán de que iba a ser detenido.

Asimismo, Cospedal reclamó la comparecencia parlamentaria del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para que explique en el Congreso "si es verdad que se ofreció un destino" al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska a cambio de que cediera la investigación judicial del chivatazo a ETA a su colega Baltasar Garzón.

Cospedal calificó de "sorprendentes" las noticias aparecidas sobre este asunto y se preguntó también si al magistrado Varela, instructor de la causa, también le ofrecieron un puesto en el Tribunal Constitucional a cambio de que aceptara la solicitud de archivo por parte de la Fiscalía.

Finalmente, preguntada sobre la posible aplicación de la cadena perpetua a los autores de delitos graves como violaciones o asesinatos de jóvenes, Cospedal explicó que su partido únicamente se ha limitado a recoger esta propuesta "del debate de la calle" y rechazó la posible aplicación de la pena de muerte porque "ese tema no está en la mente de nadie".