Los relatores especiales de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias consideran que imponer la pena capital a personas con discapacidad psicosocial viola las garantías de esta pena.

"La aplicación de la pena de muerte en estas condiciones puede equivaler a una ejecución arbitraria", sentenció Christof Heyns, uno de los mencionados relatores.

Según los informes disponibles, Panetti fue hospitalizado entre 1981 y 1992 por varias enfermedades mentales, como la esquizofrenia crónica, depresión, disfunción cerebral, delirios, alucinaciones auditivas y la ideación homicida hacia su familia.

En septiembre de 1995, se le condenó a muerte por matar a sus suegros en el condado de Gillespie, Texas, el 8 de septiembre de 1992.

Panetti ha apelado durante dos décadas las decisiones de los tribunales sobre su competencia para ser ejecutado, con base en diversas evaluaciones de expertos de sus graves problemas de salud mental.

Sin embargo, recuerda la ONU, su sentencia de muerte fue confirmada a pesar de las afirmaciones de que él tenía discapacidad psicosocial, y la existencia de una prohibición federal de esas ejecuciones.

"La pena de muerte sólo podrá imponerse cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin dejar espacio para una explicación diferente de los hechos", tal y como establecen las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena capital, apuntó el relator especial Heyns.

"Dado el carácter irreversible de la pena de muerte, hacemos un llamamiento urgente al Gobierno de los Estados Unidos y el estado de Texas para encontrar una manera de detener la ejecución programada", insistieron los relatores de la ONU.