En un desayuno informativo en Madrid, Catalá sostuvo que la Justicia española tiene que estar preparada ante los “retos” que tiene planteados el Estado de derecho, que dijo que son la corrupción y el intento de subvertir la legalidad, en clara referencia en este segundo punto a Mas y sus iniciativas independentistas.

En este sentido, el ministro denunció “la subversión de los principios democráticos que está detrás de los intentos de una determinada voluntad de situarse por encima de la voluntad general”.

El responsable de Justicia defendió la tesis del pensador francés Jean-Jacques Rousseau de que la voluntad general en las sociedades democráticas se plasma en la ley. Contrapuso este planteamiento a lo que decía el alemán Carl Smith, quien abogaba por la superación de la ley democrática mediante la acción supuestamente legitimadora de las masas.

MUY “INQUIETANTE”

Según Catalá, este recurso a las masas le resulta “de lo más inquietante y tiene precedentes de infausto recuerdo”, en referencia a los fascismos y totalitarismos del siglo pasado.

En este sentido, afirmó que “después de un siglo tan convulso como el siglo XX, el regreso a ese tipo de planteamientos, además de anacrónico, compromete los derechos y libertades de todos los españoles, apelando al liderazgo carismático del líder, a la movilización en la calle de las masas para confundirlas con el conjunto de una sociedad”.

Sostuvo que no es aceptable desde el punto de vista de unos “estándares mínimos de calidad democrático” que alguien pretenda, en alusión a Mas, que “la fuerza de los hechos se plantee frente a la ley democrática”.

Según el titular de Justicia, es “urgente” deshacer “esa “idea letal que se trata de difundir en algunos ámbitos de que la política es algo distinto y contrapuesto a la ley, y que, por lo tanto, los tribunales no deben intervenir en los aspectos de la política”, alusión esta última en clara referencia a la consulta independentista del pasado 9 de noviembre. Asimismo, expresó su convencimiento de que “sin respeto a la ley la política desaparece de un plumazo y con ella la democracia”.

Al mismo tiempo, respecto a la querella de la Fiscalía por el 9-N, el ministro negó que el Gobierno hubiera presionado a Eduardo Torres-Dulce para actuar contra Mas por la consulta ilegal.

El ministro dijo tener una relación “cotidiana” y “directa” con el fiscal general y destacó sui “magnífico trabajo” respecto al 9-N. Asimismo, sostuvo que “no fue en absoluto necesario” que el Gobierno diera instrucciones a la Fiscalía para recurrir la consulta independentista, aunque dijo que había cauces legales para haberlo hecho.