Además de esta petición de comparecencia, el PSOE también ha solicitado que acuda a la Cámara Baja el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, según informa esta formación política en un comunicado.

El portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, lamentó la muerte del ultra del Deportivo y aseguró que Interior “no dispuso de forma preventiva del operativo policial necesario para este encuentro de fútbol, al tratarse de dos aficiones con ultras entre sus seguidores” y dado que habían quedado para enfrentarse antes de celebrarse el encuentro de ayer en el Vicente Calderón.

Así, el portavoz socialista asegura que el ministro del Interior debe dar explicaciones en sede parlamentaria, en primer lugar, “sobre las razones por las que desde el Ministerio no se advirtió a la Comisión de Violencia en el Deporte, de que era un partido en el que previsiblemente podrían darse enfrentamientos importantes, habida cuenta de que los seguidores radicales pertenecían a ideologías extremistas y antagónicas”.

Asimismo, para el dirigente socialista, “Jorge Fernández Díaz tiene que aclarar por qué, en el mismo momento en el que los responsables de seguridad del Deportivo advirtieron al Ministerio de que había un autobús de hinchas extremistas del Deportivo que estaba tratando de eludir los controles habituales, no se tomaron medidas preventivas para localizar dicho autobús y encapsularlo antes de su llegada a Madrid”.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

Por su parte, el portavoz socialista de Deportes, Manuel Pezzi, hizo hincapié en que se ha incumplido la Ley contra la Violencia en el Deporte, dado que hay una responsabilidad de las autoridades deportivas para declarar de alto riesgo, de forma preventiva, este tipo de eventos.

De esta manera, tanto la Federación de Fútbol, como la Liga de Fútbol Profesional y la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte, “no han hecho su trabajo y han permitido que se desarrollara una actividad que debería ser controlada de forma más estricta y rigurosa”.

Por último, Pezzi recordó que la Ley contra la Violencia en el Deporte, que fue impulsada por el gobierno socialista en 2007 y aprobada por unanimidad en el Parlamento, fija también responsabilidades en los organizadores de los partidos, no sólo dentro del recinto, sino en sus aledaños o en los medios de transporte que se vayan a utilizar.