Según informó la federación en un comunicado, la legislación actual contempla la inmovilización del vehículo sólo en caso de reincidencia, es decir, en el supuesto de que el conductor ya hubiera sido sancionado en los doce meses anteriores.

Para los representantes de los taxistas madrileños, esta medida “no es lo suficientemente contundente como para terminar con esa actividad ilegal”, por lo que solicitan su modificación tal y como ya se ha estipulado en la Ley de Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de Baleares.

Asimismo, invitan a los grupos a presentar otras medida que consideren oportunas para “garantizar el servicio en las debidas condiciones de seguridad y garantía tanto para el usuario como para el colectivo del taxi de Madrid”.

El presidente de la FPTM, Julio Sanz, explicó que la federación formuló esta petición para ir de la mano de la Administración a la hora de poner freno a actividades ilícitas, como la que a su juicio desarrolla la empresa Uber, que “tanto daño puede hacer a miles de familias y que pretende desestructurar el orden establecido saltándose toda la normativa en vigor”.

Indicó que esta compañía “se salta la normativa establecida en todos los ámbitos, al realizar actividades paralelas de transporte sin la preceptiva licencia ni permiso específico y transacciones comerciales exentas de toda tributación, y al mantener relaciones laborales sin ningún tipo de adscripción al régimen de la Seguridad Social, entre otras”.

“Es por tanto un claro caso de economía sumergida y de fraude e ilegalidad, que implica una falta de calidad y seguridad en el servicio a los ciudadanos”, declaró Sanz. “Así lo reconoció la Comunidad de Madrid al abrir contra ellos un expediente sancionador por prestar una actividad de transporte de viajeros sin licencia”.