Tras inaugurar en Madrid la Conferencia Internacional HeERO, un consorcio europeo que apadrina la puesta en marcha del servicio de llamadas de emergencia ‘eCall’, Seguí declaró a los periodistas que el Gobierno español anima “a todos los fabricantes que ofrezcan lo antes posible este dispositivo a la ciudadanía” y a los conductores a que lo compren, ya que tiene “un coste realmente pequeño”.

Seguí explicó que ‘eCall’ implica que los vehículos tengan implantado un dispositivo análogo a la tarjeta SIM de un teléfono móvil que emite una señal a un centro de referencia cuando ocurre un accidente, de manera que permite “no sólo precisar la localización de dónde ha ocurrido”, sino también “reducir el tiempo de notificación” e “incorporar información que ayuda a caracterizar la gravedad” del incidente, como si se ha inflado o no el airbag o si hay ocupantes con el cinturón de seguridad puesto, lo que concretaría el número de personas que viajaban en el vehículo siniestrado.

De esta manera, incorpora “una serie de parámetros que permiten que los servicios de urgencias y los equipos policiales puedan tener información del tipo de accidente y su gravedad, y enviar ayuda más específica y más pronto”.

Además, apuntó que el consenso científico internacional alude a la importancia de la primera hora tras producirse el accidente, de forma que el riesgo de fallecer se reduce si la víctima es atendida antes de esos 60 minutos.

Seguí añadió que el sistema ‘eCall’ puede incluir “un paquete adicional” de servicios para que, si al conductor le interesa, le pueda ofrecer dónde está el restaurante, el hotel o la gasolinera más cercana por donde está circulando. “El sistema de llamada en caso de urgencia es gratuito y preferente, y el coste es tan bajo como la producción e instalación de esa tarjeta SIM en el vehículo. Otra cosa son los servicios complementarios que uno quisiera comprar de manera opcional”, precisó.

FECHAS LÍMITE

Según apuntó que existen dos fechas límite relacionadas con el ‘eCall’: una definitiva, para que todos los países de la UE tengan a pleno rendimiento la estructura que permita canalizar las llamadas de emergencia en los accidentes (1 de octubre de 2017), y otra, que deberá ser ratificada en breve y que obliga a los fabricantes a vender vehículos con el sistema (1 de octubre de 2015).

En el segundo caso, recalcó que “en un primer momento se sugirió el 1 de octubre de 2015”, fecha que cuenta con el beneplácito de España, pero agregó que, “desafortunadamente, ha habido presiones para retrasarlo y es la semana que viene cuando se tomará una decisión final”. “Independientemente de cuál sea esa decisión que lo haga obligatoria, el Gobierno español va a animar a todos los fabricantes a que, lo antes posible, ofrezcan este dispositivo a la ciudadanía”, apostilló.

“A día de hoy, uno se puede instalar el sistema voluntariamente. Hay fabricantes que tienen el sistema implementado en sus vehículos, pero no estamos en una cuestión de opciones. Proteger la vida no es una opción, es una obligación y un derecho, y, por lo tanto, animo a que cualquier persona que utilice cualquier vehículo tenga acceso lo antes posible a ese sistema de protección”, reiteró.

Indicó que algunos fabricantes están respondiendo “con mayor voluntarismo” que otros, pero recalcó que lo importante es “estimularles y animarles a que, con un pequeño esfuerzo, hagan inmensa contribución al beneficio de la sociedad”.

Por otro lado, Seguí afirmó que España ha participado “desde el primer momento” en las fases iniciales del proyecto, con la colaboración entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y con la aportación “novedosa y original” de que ‘eCall’ pueda instalarse en el casco para los usuarios de moto o ciclomotor.