Torres-Dulce se refirió a esta cuestión esta tarde en el Congreso, donde comparece esta tarde, en el seno de la Comisión de Justicia, para dar cuenta del contenido de la Memoria de su institución correspondiente a 2013.

En este sentido, el fiscal general se refirió a que “la lucha contra la corrupción exige cada año nuevos medios y nuevos desafíos” y con los que cuenta su institución en este terreno “no son suficientes para abordar este fenómeno criminal”.

Añadió que esta escasez de medios “pone de relieve la precariedad en la que se mueve la Justicia española y constituye el síntoma de un excesivo deslizamiento de los mecanismos de control de la cosa pública al ámbito judicial, así como de una contraproducente juridificación de conflictos políticos”.

Además, Torres-Dulce resaltó que “la realidad diaria de las Fiscalías provinciales ante este fenómeno es descorazonadora, pues es en ellas donde se ventilan más del 80% de las causas de corrupción”.

Incidió en que “la precariedad de medios materiales y personales que sufren da lugar a que la tramitación de una causa de estas características se convierta en una tarea poco menos que titánica y, en muchos casos, abocada al fracaso, ya que las investigaciones se prolongan en el tiempo y generan la consiguiente sensación de impunidad de comportamientos muy graves”.