En concreto, la sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo pide a un economista y a un ingeniero industrial especialista en electricidad un dictamen sobre la rentabilidad de dos instalaciones fotovoltaicas, titularidad de Imedexsa y ubicadas en Malpartida (Cáceres), desde su puesta en funcionamiento y hasta la entrada en vigor del Decreto 14/2010.

También solicita la rentabilidad obtenida por dicha instalación durante los años 2011, 2012, y 2013, la repercusión en ese período de la reducción de horas equivalentes de funcionamiento o la rentabilidad previsible durante los treinta años siguientes a su puesta en funcionamiento según el decreto 14/2010.

De esta forma, el Alto Tribunal insta al Colegio Oficialo de Ingenieros Industriales y al Colegio Oficial de Ciencias Económicos para que elijan por sorteo a un perito Ingeniero Industrial especialista en electricidad y a un licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales para realizar la pericial conjunta.

La Sala del Supremo considera imprescindible la práctica de esta diligencia antes de resolver el litigio planteado por cinco empresas que reclaman indemnizaciones por el perjuicio ocasionado con la reducción de las hora prima.