En un auto de 205 páginas, Ruz da por concluida la investigación de la primera etapa de la investigación referida a las finanzas del Partido Popular entre los años 1999 y 2005 y considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a 43 personas, por lo que ahora abre un plazo de 30 días para que la fiscalía y las demás acusaciones soliciten la apertura de juicio oral o en su caso el sobreseimiento de la causa.

El magistrado considera a la exesposa del que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y a Gema Matamoros, mujer del exalcalde de Majadahonda también imputado, Guillermo Ortega, “partícipes a título lucrativo" por el beneficio que pudieron haber obtenido por los hechos delictivos atribuidos a los imputados. En esa misma condición de partícipe a título lucrativo el juez mantiene en la causa al PP.

En su escrito, Pablo Ruz acuerda el sobreseimiento de la actuaciones seguidas en la pieza llamada 'Época I 1999-2005' para el exsecretario general del PP Ángel Acebes, que continúa sin embargo imputado en la causa de los `papeles de Bárcenas´, y para Julia López Valladares y Carlos Ignacio Hernández Montiel.

RESPONSABILIDAD CIVIL, NO PENAL

En caso de que el juez mantenga su criterio, Mato tendrá que enfrentarse a juicio por responsabilidad civil, pero sin trascendencia penal, y no está claro todavía si tendrá que sentarse físicamente en el banquillo o si podrá estar representada por su abogado en el juicio. Ese es un extremo que deberá acordar la Sala antes del juicio.

El auto de modificación a procedimiento abreviado equivale al procesamiento en un proceso instruido como sumario. Éste es el momento procesal en el que el juez recaba los indicios delictivos de cada uno de los 43 imputados para sentarles en el banquillo por los hechos cometidos por la trama Gürtel durante los primeros años en operaciones realizadas en las comunidades de Castilla y León y Madrid y la localidad malagueña de Estepona.

GRUPO JERARQUIZADO

En los dos centenares de folios que ocupa el auto, Ruz explica toda la operativa diseñada por Francisco Correa y Pablo Crespo, que durante años lideraron un entramado societario en el que habrían participado, entre otros, tres de los cuatro tesoreros del PP, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, que también están imputados en la causa y se enfrentan a un próximo procesamiento.

También serían piezas esenciales en la red el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote, el exconsejero de la CAM Alberto López Viejo y decenas de funcionarios y empresarios que se integraban en un grupo jerarquizado y con una estrategia coordinada.

El juez achaca provisionalmente a los encausados un total de 11 delitos: prevaricacón, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.