Según explicó este miércoles la institución, en virtud de la normativa española el tratamiento fiscal de los dividendos de origen extranjero (los distribuidos por una sociedad no residente a una empresa española) es “más gravoso” que el que se aplica a los dividendos de origen nacional.

Como consecuencia de ello, se subraya desde Bruselas, para poder acogerse al beneficio fiscal una sociedad española que invierta en una sociedad no residente debe cumplir más condiciones que si lo hace en una sociedad nacional.

En otros casos, el beneficio fiscal previsto en relación con los dividendos de origen nacional no se aplica a los dividendos de origen extranjero.

En junio de 2013, la Comisión envió a España un requerimiento en forma de dictamen motivado a España, en el que se le instaba a modificar sus disposiciones fiscales sobre las inversiones en sociedades no residentes.

Bruselas consideraba que se vulneraba el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios, el suministro transfronterizo de bienes y la libre circulación de capitales previstos en los Tratados de la UE. En vista de que no se ha modificado la normativa, la Comisión ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia.

BONOS EXTRANJEROS

Por otra parte, la Comisión Europea ha decidido también llevar a España ante el Tribunal de Justicia para garantizar que la legislación española, concretamente la Norma Foral del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del Territorio Histórico de Vizcaya, se ajusta al Derecho de la UE.

Así, entiende que la deuda pública emitida por las administraciones locales "se beneficia de un trato preferente en lo relativo al impuesto de sucesiones, aplicado a títulos similares emitidos en otros Estados miembros de la UE".

Por tanto, esta diferencia de trato fiscal es "discriminatoria" para las inversiones en deuda pública emitida por otros Estados miembro.

El pasado 21 de febrero de 2013, la Comisión envió a España un requerimiento en forma de dictamen motivado en el que instaba a modificar las disposiciones de la legislación relativa al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los Territorios Históricos de Álava y Vizcaya "por vulnerar el principio de la libre circulación de capitales".