El Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá premian a la congregación Las Adoratrices

MADRID
SERVIMEDIA

La congregación religiosa Las Adoratrices, dedicada a la ayuda a mujeres víctimas de explotación y violencia de género, ha sido galardonada con la sexta edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares.

El Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá premian la labor de Las Adoratrices en favor de las mujeres víctimas de explotación.

Las Adoratrices es una institución de ámbito internacional, fundada en España en 1856, que trabaja en favor de mujeres víctimas de todas formas de explotación en 23 países de Europa, Asia, África e Iberoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, República Dominicana y Venezuela).

Su labor se centra en programas de carácter social, casas de acogida, asistencia jurídica e inserción laboral de las víctimas. La congregación está integrada por 1.070 religiosas y cuenta con la colaboración de profesionales y voluntarias especializadas en salud, formación, atención jurídica y psicológica.

El jurado ha valorado “el alto valor social y humanitario desarrollado por las Adoratrices, gracias al cual muchas mujeres encuentran apoyo y ayuda en circunstancias extremadamente difíciles”.

Instituido en 2002, el Premio de Derechos Humanos Rey de España reconoce e impulsa la labor de organizaciones que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos en España, Portugal e Iberoamérica. Se entrega cada dos años y tiene una dotación económica de 25.000 euros.

El rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, y la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, han presidido el jurado, integrado por la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cristina Fraile; el presidente de Honor de 'España con Acnur', Antonio Garrigues; el presidente del Centro Internacional de Toledo por la Paz, Emilio Gilolmo, y el abogado del Estado en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Jesús López-Medel.

(SERVIMEDIA)
26 Nov 2014
JRN/caa