Lesmes se refirió a este asunto en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde este martes compareció para hacer balance de la situación actual de la Justicia.

A este respecto, el presidente del Consejo sostuvo que “si no hay una Justicia que funcione, no hay Estado de derecho ni hay regeneración de las instituciones”.

Respecto a la Lecrim, Lesmes se refirió a que esta ley data de 1882 y ha sufrido setenta modificaciones en tres siglos distintos. Sostuvo que estos cambios han convertido esta norma en un texto complejo, desarticulado e irreconocible, lo que ha hecho que su “reforma integral” haya devenido una necesidad.

“PRONTAS CONDENAS”

A su juicio, entre los aspectos que la nueva Lecrim debe abordar citó la regulación de los cometidos del Ministerio Fiscal; la actividad y dependencia funcional de la Policía Judicial; el Estatuto de la Víctima; el ejercicio de la acción popular; la regulación de las medidas cautelares; y el enjuiciamiento de aforados.

“El objetivo último ha de ser la eficacia en la Justicia penal, con la finalidad de que se obtengan, con respeto a las garantías de los justiciables, prontas condenas y que éstas se cumplan de forma inmediata y sin dilaciones”, remarcó Lesmes.

Al mismo tiempo, el presidente del CGPJ anunció que su institución tomará una serie de medidas para combatir la "pandemia social" de la corrupción, entre las que estarán aumentar la formación de los jueces en este terreno y constituir la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC). Esta unidad trabajará para que los tribunales den una respuesta “pronta, efectiva y eficiente” a las prácticas delictivas cometidas por cargos públicos o miembros de la Administración.

Lesmes enumeró un total de cuatro grandes medidas, que serán la creación de la UACC o “unidad de apoyo” en causas contra la corrupción; la especialización del Servicio de Inspección del CGPJ en apoyo a los jueces que lleven causas contra corruptos; el apoyo al servicio de Relaciones Internacionales de esta institución; y la formación judicial especializada.

“LIGERA MEJORÍA”

Al mismo tiempo, el responsable del órgano de gobierno de los jueces informó de que, durante los primeros seis meses del año, en los juzgados y tribunales españoles ingresaron 4.424.561 asuntos y fueron resueltos 4.569.211. El número de asuntos en trámite a 30 de junio era de 2.539.665 y la cifra de sentencias dictadas hasta esa fecha de 846.823.

Las cifras indican que la tasa de litigiosidad global apenas ha experimentado variación (0,6 %), aunque se observa un aumento en la jurisdicción civil (13,3 %) y en la contencioso-administrativa (8,5 %) y un descenso en la penal (2,4 %) y en la social (7,1 %). Por otra parte, la tasa de resolución global ha disminuido un 2,4 %, aunque la de pendencia ha bajado el 2,2 % y la de congestión se ha reducido en un 0,7 %.

Los datos indican asimismo que la duración media de los procedimientos ha bajado considerablemente respecto al primer semestre de 2013 –un 3,9 % en primera instancia y un 8,7 % en segunda instancia-, salvo en el Tribunal Supremo, donde ha aumentado un 2,5 %.

A la vista de estos datos, Lesmes concluyó que “se ha producido una ligera mejoría de la situación de nuestra Administración de la Justicia, resolviéndose un mayor número de asuntos de los que ingresan y habiéndose mejorado, con carácter general, los tiempos de respuesta”.