Así lo manifestó AI en un comunicado con motivo de la celebración mañana del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y cuando se acaban de cumplir diez años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Para Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía, "creemos que de no modificarse este artículo del proyecto de ley, se revictimizaría aún más a las víctimas, que no sólo no obtendrán justicia, sino que además se verán perseguidas por el Estado para devolver las ayudas recibidas". Y es que, a juicio de esta organización, se equiparan las denuncias falsas con las situaciones en las que no se logre demostrar los malos tratos por falta de pruebas.

Además, AI critica que en muchas ocasiones se hable de que hay muchas denuncias falsas, lo que genera un estereotipo injusto sobre las mujeres. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2009 y 2013 se presentaron un total de 657.084 denuncias, de las que sólo 33 terminaron con una condena de denuncia falsa, lo que equivale al 0,005% de las denuncias. 71 denuncias más están en trámite, lo que podría situarlas en un 0,01% como máximo.

ANIVERSARIO DE LA LEY INTEGRAL

Por otra parte, aunque Amnistía Internacional reconoce que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un gran avance, es “muy difícil” celebrar nada por las cifras que se ponen de manifiesto al hacer balance, ya que desde el 1 de enero de 2003 hasta esa fecha, según los datos oficiales, 756 mujeres han sido asesinadas.

Además, desde la creación de los Juzgados de Violencia en 2005 hasta 2013, el número de sobreseimientos provisionales (archivos del procedimiento por no quedar acreditados los hechos) se ha incrementado un 158%.

Asimismo, el número de denuncias y el de órdenes de protección ha ido cayendo año tras año, mientras el porcentaje de sentencias condenatorias ha descendido hasta situarse en el 50% en el 2012, diez puntos por debajo del porcentaje registrado en 2006.

“Las autoridades se amparan en la necesidad de que las víctimas pongan denuncia para intervenir”, afirma Amnistía, que considera que además es necesario evaluar e identificar todos los obstáculos en la persecución de este tipo de violencia.

A lo largo de estos años, la organización ha denunciado la persistencia de obstáculos que impiden a las mujeres el acceso a la justicia, como por ejemplo las deficiencias en las investigaciones de oficio, la falta de protección adecuada a las víctimas o incluso los prejuicios a los que se enfrentan cuando deciden denunciar.

Ante este escenario, AI recomienda desarrollar procesos de evaluación de las medidas establecidas en la Ley Integral, entre ellas el funcionamiento de los Juzgados de Violencia, acordes con los parámetros internacionales y hacer públicos sus resultados. Asimismo, se debe garantizar la especialización del personal judicial que accede a estos juzgados.

Por último, la organización insta a las instituciones a “promover mecanismos legales para garantizar el derecho de las víctimas de violencia de género y sus familiares a una reparación justa y adecuada, también en el caso de que haya habido falta de diligencia por instituciones o agentes del Estado”.