Montón asegura que “la prostitución y la trata con fines de explotación sexual suponen una vulneración de los derechos humanos”. Además, “es muy difícil” delimitar la actividad económica de la prostitución “de lo delictivo y contabilizarla de forma fiable”, al contrario de lo que ocurre con la inclusión del bienestar y de los cuidados como valor añadido de la producción de un país”.

En 2013, el Parlamento Europeo y el Consejo establecieron una nueva metodología en la elaboración de la contabilidad nacional de los estados de la Unión europea que obliga a incluir en la medición del PIB el impacto de la prostitución, así como del consumo de drogas y el contrabando, aunque algunos países, como Francia, han cuestionado la pertinencia de esta medida y se han negado a aplicarla.

“No se acierta a comprender la razón que demanda la inclusión de este indicador en la medición del PIB de los países de la UE”, señala Montón, “pues a la dificultad de cuantificar económicamente esta actividad, se une el hecho de que entronca con un delito execrable, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual”.

Las transacciones habidas en la prostitución, explica la portavoz socialista, “esquiva la fiscalidad” y por tanto resulta “alarmante” su contabilización cuando no se estima la de bienes y servicios como el cuidado de niños, ancianos o personas dependientes, que realizan “fundamentalmente mujeres”. Un trabajo que “no se mide, se hace invisible” y que es consecuencia de “la incapacidad del mercado para crear empleo formal”.

Por eso, los socialistas reprochan a instituciones como la OCDE, que pidan la contabilización de la prostitución como valor económico y se niegan a incluir “indicadores del bienestar social que se produce a través del trabajo no remunerado como un valor añadido de la producción de cada país”.

El PSOE destaca, además, la existencia de un estudio del BBVA de 2012, que estima que si el sistema de cuentas nacionales cuantificara el trabajo informal, éste equivaldría al 50% del PIB.