Desde que el pasado miércoles la Junta de Fiscales de Sala respaldó al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en su intención de impulsar la querella, un grupo de fiscales elaboraba el texto que este viernes se ha presentado ante los tribunales catalanes por orden de su superior jerárquico.

El texto se centra en argumentar que los tres responsables políticos incurrieron en un delito de desobediencia al desoir la suspensión del referéndum, primero, y de la consulta alternativa, después, acordada por el Tribunal Constitucional (TC) al admitir a trámite sendos recursos del Gobierno. La Fiscalía asegura que la prohibición hecha por el TC era “absoluta, tajante e inequívoca” y que no cabía en ella ninguna interpretación en otro sentido que la cancelación de la llamada a las urnas.

Pero además, argumenta que las decisiones del Ejecutivo catalán constituyen un delito de prevaricación, puesto que se siguieron dando pasos para la celebración de la consulta, pese a saber que estaba suspendida. Además, se usaron instalaciones públicas (colegios e institutos) para encauzar las votaciones, lo que añadiría delitos de malversación de fondos público y usurpación de funciones de la Administración.

Finalmente, la Fiscalía de Cataluña ha tenido que plegarse a la orden dada por el fiscal general del Estado, que pese a las discrepancias afirmó este jueves que no consideraba que los fiscales catalanes hubieran protagonizado una rebelión.

30 FOLIOS

La querella, de 30 folios, explica que se procede contra los tres responsables políticos “en razón de las decisiones y actos adoptados en el ejercicio de su cargo” y “sin perjuicio de que la imputación pueda extenderse a otras autoridades y cargos públicos en función del resultado que pueda arrojar en el futuro la instrucción judicial”.

La Fiscalía indica que pese a la suspensión impuesta por el TC, el Gobierno catalán, con Mas a su cabeza, nombró una comisión de seguimiento de la jornada electoral y siguió publicitando en su página web el llamamiento a la urnas para el 9 de noviembre.

El relato de los hechos indica que el pasado domingo 9 de noviembre se celebró en Cataluña una consulta “planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña”, y que dicha convocatoria se articuló a través de la página web puesta en marcha por la Generalitat, que “ha servido de órgano institucional de referencia, en el que se animaba a los ciudadanos a participar en la consulta”.

Esta convocatoria, continúa, “había sido suspendida” por el TC el pasado 4 de noviembre. Pero “el Gobierno de la Generalidad, personado como parte en dicho proceso, y conocedor de sus obligaciones, desplegó sin embargo una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución, pues el proceso prosiguió hasta su consumación del día 9 de noviembre de 2014. En los actos de impulso han participado de manera personal y directa los querellados”.

El fiscal considera que ”el Gobierno de la Generalitat (...) con el único y exclusivo fin de eludir el control jurisdiccional que hasta entonces se lo había obstaculizado, adoptó una nueva estrategia: la de impulsar el mismo proceso mediante actos jurídicos no formalizados y actos materiales de impulso, estableciendo una vía de comunicación con la ciudadanía por medio de la página web institucional www.participa2014.cat”.

La querella relata diversas actuaciones del Gobierno encaminadas a la celebración del mencionado proceso de participación ciudadana y cita la página web y la elaboración por parte de internos de un centro penitenciario de las papeletas de votación, así como la distribución de urnas asignadas a los respectivos centros de votación.

PRESOS Y PAPELETAS

En ese sentido, indica que los presos hicieron voluntariamente jornadas de doce horas de trabajo tanto el sábado 18 de octubre como el domingo 19 de octubre, “urgidos por el Gobierno autonómico”.

El 30 de octubre el Gobierno exigió, vía correo electrónico, a las emisoras de radio privadas que emiten en Cataluña y a las cadenas privadas de televisión con sede en esa Comunidad que difundieran gratuitamente los anuncios de la campaña informativa de la consulta, explica también la querella.

La víspera del 9 de noviembre se franqueó el acceso a un número no determinado de institutos de enseñanza media, colegios y centros oficiales dependientes de la Generalitat, para la instalación de urnas.

El fiscal entiende que la Generalitat de Cataluña ha incurrido igualmente en “gasto de fondos públicos al poner a disposición de la realización de la consulta suspendida funcionarios públicos y al cuerpo de los Mossos d´Esquadra”.

Además, explica que una empresa de mensajería distribuyó buzón por buzón la propaganda electoral con la que el Gobierno autonómico pretendía animar a los ciudadanos catalanes exhortándoles a pronunciarse “sobre el futuro político de nuestro país” el 9-N.

La cuantificación del dinero público gastado en la preparación y ejecución de la consulta suspendida deberá ser objeto de esclarecimiento en el procedimiento judicial.

Asimismo, el querellado Artur Mas, en el momento de depositar su voto se responsabilizó ante los medios de comunicación del desarrollo de la jornada y la vicepresidenta del Generalitat compareció en varias ocasiones de manera oficial para dar cuenta ante los periodistas de los datos de participación y resultados del procesos suspendido.