Álvarez de Miranda hizo esta afirmación en el Senado, durante la presentación del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo correspondiente a 2013.

Durante este acto, el responsable de este órgano auditor presentó la ponencia titulada “La contribución del Tribunal de Cuentas al impulso de la regeneración pública”. A esta intervención asistió el presidente de la Cámara Álta, Pío García-Escudero, así como otros miembros de la institución que está encargada de supervisar las cuentas de la Administración española.

En este sentido, Álvarez de Miranda se refirió a que, en España, “nos encontramos en un momento especialmente crítico”, que deriva “de los insoportables casos de corrupción” que afectan al país. Aseguró que, con ello, “se ha puesto en cuestión la actuación de la práctica totalidad de las Instituciones públicas, entre ellas el propio Tribunal de Cuentas”.

“INSTITUCIONES PRESTIGIOSAS”

A su juicio, “para el adecuado funcionamiento de un régimen democrático se requiere disponer de un conjunto de instituciones fuertes y prestigiosas, que articulen un auténtico sistema de poderes y de contrapoderes que aseguren la defensa del interés general por encima de cualquier interés privado o particular, por muy legítimo que este sea”.

Destacó que “resulta difícil hablar de ejemplaridad, pero estoy convencido que desde el Tribunal estamos adoptando las medidas necesarias para recuperar la confianza de los ciudadanos”.

Por este motivo, Álvarez de Miranda dijo que su institución ha decidido, de forma voluntaria, “someterse a un ‘Peer Review’ o ‘Proceso de Revisión entre Pares’”. Esto supone que dos “entidades fiscalizadoras superiores revisoras”, que son el Tribunal de Contas portugués y el Tribunal de Cuentas Europeo, evaluarán a la institución española “con el máximo rigor y la profesionalidad”.

Explicó que “el alcance de esta revisión incluye aspectos fundamentales como los relacionados con la independencia de la Institución, el ejercicio de las funciones fiscalizadora y jurisdiccional, la transparencia de su actividad y la legalidad de la gestión interna, especialmente en las cuestiones relacionadas con la contratación y el personal”.